Durante décadas, hablar de reformas previsionales en América Latina fue hablar de una discusión aparentemente interminable entre sistemas de reparto y capitalización individual. Sin embargo, en los últimos años el debate comenzó a cambiar.
La pregunta ya no parece ser simplemente quién administra los aportes. Los países están discutiendo, simultáneamente, cómo ampliar la cobertura, cómo mejorar las pensiones, quién debe financiar esas mejoras y cómo asegurar que las promesas que hacemos hoy puedan sostenerse durante las próximas décadas.
México reformó su sistema en 2020. Costa Rica introdujo modificaciones relevantes en 2021. Chile creó la Pensión Garantizada Universal en 2022. Ese mismo año El Salvador aprobó una nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones. Uruguay realizó una reforma estructural en 2023. Colombia y Perú aprobaron reformas de gran alcance en 2024. Y Chile volvió a modificar profundamente su sistema en 2025 (aún aplicando los cambios). Y en 2026 Paraguay avanzó con una reforma de su sistema de jubilaciones y pensiones del sector público.
No parece una coincidencia.
América Latina está atravesando una nueva etapa de reformas previsionales y probablemente veremos más durante los próximos años.
Un problema que se parece en toda la región
Los sistemas son diferentes, pero los desafíos comienzan a parecerse… Mismos problemas, distintas magnitudes.
La región combina alta informalidad laboral, carreras contributivas interrumpidas, aumento de la longevidad, caída de la fecundidad, importantes brechas de género y restricciones fiscales. El resultado es una ecuación difícil: necesitamos proteger a una población que vivirá más años, pero una parte importante de los trabajadores no realiza aportes regularmente durante su vida activa.
La OIT señala precisamente esta doble presión: elevada informalidad y rápido envejecimiento poblacional. Y los datos muestran la magnitud del problema. En 2022, alrededor del 34,5% de las personas mayores de 65 años de América Latina y el Caribe no tenía ingresos laborales ni previsionales. Al mismo tiempo, las pensiones no contributivas se han expandido fuertemente y ya alcanzaban aproximadamente a tres de cada diez personas mayores de 65 años en la región.
Esto explica buena parte de las reformas recientes.
Ya no alcanza con pensar únicamente en el trabajador formal que aporta durante 30 o 35 años. Los sistemas deben contemplar trayectorias laborales discontinuas, períodos de informalidad, tareas de cuidado, trabajadores independientes y personas que llegan a edades avanzadas sin haber acumulado suficientes aportes.
2020- Actualidad: Seis años de reformas
Una rápida mirada regional permite dimensionar la velocidad de los cambios.
México – 2020. La reforma redujo significativamente las semanas necesarias para acceder a una pensión, aumentó gradualmente las contribuciones patronales y estableció límites a las comisiones cobradas por las AFORE. El requisito comenzó en 750 semanas en 2021 y aumenta progresivamente hasta alcanzar 1.000 semanas en 2031. A su vez, la contribución total al sistema aumenta gradualmente desde aproximadamente 6,5% hasta 15%.
Costa Rica – 2021. El país introdujo cambios paramétricos en su régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), modificando condiciones vinculadas con el retiro anticipado y buscando fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema. Es un ejemplo de reformas menos visibles políticamente, pero fundamentales desde el punto de vista actuarial: pequeños cambios en edades, aportes o condiciones de acceso pueden tener impactos financieros muy importantes cuando se proyectan durante varias décadas.
Chile – 2022 y 2025. En 2022 se creó la Pensión Garantizada Universal (PGU), financiada con recursos del Estado y destinada a fortalecer el piso de protección durante la vejez. Tres años después llegó una reforma mucho más amplia. La Ley 21.735, publicada en marzo de 2025, creó un nuevo sistema mixto, incorporó un Seguro Social dentro del pilar contributivo, incrementó gradualmente las contribuciones de los empleadores y estableció nuevos mecanismos de solidaridad, incluyendo compensaciones vinculadas con las diferencias de expectativa de vida de las mujeres.
El Salvador – 2022. La nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones mantuvo las cuentas individuales administradas por AFP, pero modificó diversos elementos del sistema. Entre las medidas de mayor impacto inmediato se estableció un incremento del 30% para numerosas pensiones y se elevó la pensión mínima a USD 400.
Uruguay – 2023. La Ley 20.130 creó un Sistema Previsional Común y estableció un proceso de convergencia entre distintos regímenes. Entre otras medidas, modificó progresivamente las edades de retiro y buscó homogeneizar reglas, con el objetivo de enfrentar el impacto financiero del envejecimiento poblacional. Es probablemente uno de los ejemplos recientes más claros de una reforma orientada explícitamente hacia la sostenibilidad de largo plazo.
Colombia – 2024. La Ley 2381 planteó una reorganización profunda hacia un esquema de pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Dentro del pilar contributivo se buscó combinar un componente público con ahorro individual para determinados niveles de ingreso. Sin embargo, el caso colombiano también demuestra que una reforma previsional no termina cuando se vota una ley: en junio de 2025 la Corte Constitucional suspendió su entrada en vigencia al detectar un vicio en el procedimiento legislativo y ordenó subsanarlo. A septiembre de 2026, la implementación integral continúa pendiente de la decisión definitiva de la Corte.
Perú – 2024. La Ley 32.123 creó un sistema integrado estructurado en cuatro pilares: no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario. La reforma busca ampliar cobertura, integrar los sistemas público y privado y garantizar determinados niveles mínimos de protección. El desafío peruano es particularmente significativo: antes de la reforma, menos del 30% de la población ocupada contaba con cobertura contributiva.
Paraguay – 2023, 2024 y 2026. Paraguay también avanzó en una transformación progresiva de su institucionalidad y sus reglas previsionales. En 2023, la Ley 7.235 creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones como órgano técnico encargado de regular y supervisar las entidades previsionales públicas y privadas, incorporando expresamente la sostenibilidad del sistema entre sus competencias. En 2024, la Ley 7.446 modificó parámetros del régimen administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), entre ellos el cálculo del haber jubilatorio, extendiendo gradualmente de 3 a 10 años el período salarial utilizado como referencia. Finalmente, en marzo de 2026 se promulgó la Ley 7.633 de reforma de la Caja Fiscal, orientada a fortalecer la sostenibilidad financiera y la equidad intergeneracional del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público. El caso paraguayo resulta particularmente interesante porque muestra cómo una reforma previsional puede desarrollarse en etapas: primero fortaleciendo la supervisión y gobernanza, luego modificando parámetros y finalmente abordando los desequilibrios financieros de regímenes específicos.
El panorama muestra algo interesante: América Latina no está convergiendo hacia un único modelo previsional. Está convergiendo, en cambio, hacia sistemas cada vez más híbridos.
Del debate “reparto versus capitalización” al debate sobre sistemas multipilares
Las reformas recientes muestran una combinación creciente de instrumentos.
Pensiones no contributivas financiadas mediante impuestos; esquemas contributivos de reparto; cuentas individuales; aportes patronales; mecanismos solidarios; pensiones mínimas; incentivos para postergar el retiro; compensaciones por género y ahorro voluntario conviven cada vez más dentro de un mismo sistema.
Chile, Colombia, Perú y Uruguay son buenos ejemplos de esta tendencia. La OCDE identifica precisamente en las reformas recientes una orientación hacia sistemas más inclusivos y redistributivos, aunque manteniendo como preocupación central la sostenibilidad financiera.
Esto vuelve al diseño previsional considerablemente más complejo.
Y es acá donde nuestra profesión tiene mucho para aportar.
¿Dónde están los actuarios cuando se reforma un sistema previsional?
Una reforma previsional puede resumirse políticamente en pocas frases: aumentar la edad jubilatoria, reducir los años requeridos, incrementar una pensión mínima, modificar una tasa de aporte o incorporar un nuevo beneficio.
Pero cada una de esas decisiones genera consecuencias durante décadas.
¿Qué ocurre si aumenta dos años la expectativa de vida?
¿Qué pasa si disminuye permanentemente la cantidad de nacimientos?
¿Cuánto cuesta reducir cinco años el requisito contributivo?
¿Qué tasa de aporte permite financiar una determinada tasa de reemplazo?
¿Cuánto aumenta el gasto público si una prestación no contributiva pasa a cubrir al 80% o al 90% de los adultos mayores?
¿Qué ocurre con el equilibrio del sistema en 2040, 2050 o 2060?
Estas preguntas no pueden responderse solamente desde la economía, el derecho, la política o las finanzas públicas.
Son, esencialmente, preguntas actuariales.
El actuario trabaja precisamente sobre la intersección entre demografía, probabilidad, economía y finanzas. Construye modelos capaces de proyectar poblaciones durante décadas, estimar flujos futuros de aportes y beneficios, analizar mortalidad y longevidad y cuantificar cómo diferentes escenarios afectan la solvencia de un sistema.
Una reforma previsional seria debería poder responder, como mínimo, tres preguntas.
¿Es suficiente? ¿Es sostenible? ¿Para quién?
Porque mejorar beneficios puede aumentar la suficiencia, pero comprometer la sostenibilidad. Aumentar edades jubilatorias puede mejorar las cuentas financieras, pero generar problemas de adecuación para determinados grupos. Elevar las contribuciones puede fortalecer el financiamiento, pero también afectar el costo del empleo formal.
No existe una variable aislada.
Las decisiones de hoy se pagan durante décadas
Esta es quizás la característica más particular de los sistemas previsionales.
Una decisión tomada por un gobierno puede generar obligaciones que continuarán cuando hayan pasado diez administraciones diferentes.
Por eso una valuación actuarial no debería aparecer únicamente cuando un sistema ya enfrenta problemas financieros. Debería ser parte del proceso de decisión.
Antes de aprobar una reforma deberían existir proyecciones demográficas, escenarios económicos y laborales, balances actuariales y análisis de sensibilidad. Y después de implementarla deberían realizarse valuaciones periódicas que permitan comparar lo proyectado con lo efectivamente ocurrido.
Una diferencia aparentemente pequeña en fecundidad, longevidad, crecimiento salarial, informalidad o tasa de empleo puede modificar sustancialmente un resultado proyectado a 30 o 50 años.
El desafío consiste, además, en aceptar que ninguna proyección previsional es una predicción exacta del futuro. Es una herramienta para entender riesgos. Y justamente por eso necesitamos actuarios en esas mesas.
Una oportunidad para la profesión actuarial latinoamericana
Las reformas realizadas desde 2020 muestran que la seguridad social volvió al centro de la agenda pública regional.
El envejecimiento continuará. La longevidad seguirá aumentando. La informalidad continuará representando un desafío. Las nuevas formas de trabajo obligarán a revisar sistemas diseñados durante el siglo XX. Y sociedades con menos nacimientos deberán financiar prestaciones para poblaciones proporcionalmente más envejecidas.
El desafío para nuestra profesión es no esperar a que nos convoquen solamente para realizar la valuación actuarial una vez tomadas las decisiones.
Los actuarios debemos participar antes.
En los organismos de seguridad social. En los ministerios de Economía y Trabajo. En los parlamentos. En las comisiones de reforma. En las universidades. En los organismos internacionales. En las asociaciones del tercer sector. Y también en el debate público.
En suma, ningún sistema previsional debería permitirse responder todas las preguntas que expuse y que cualquiera de ustedes puede formular sin actuarios.
