De la estimación de pérdidas al diseño de resiliencia financiera

Por Darío Bacchini

Cuando la tierra tiembla o un huracán toca tierra, la primera imagen que viene a la mente es la de la emergencia: rescatistas, hospitales desbordados, familias que lo perdieron todo. Pero detrás de esa escena hay otra, menos visible e igual de urgente: la de un gobierno que tiene que decidir, en cuestión de días, de dónde se obtendrán los recursos para reconstruir carreteras, hospitales y viviendas, sin desequilibrar el resto de sus cuentas públicas. Ese segundo problema —cómo pagar un desastre sin comprometer las finanzas públicas— es el terreno donde trabaja una disciplina que pocas veces aparece en los titulares: el financiamiento y aseguramiento del riesgo de desastres. Y en el corazón de esa disciplina está, casi siempre en las sombras, la figura del actuario.

Un desastre también es un problema financiero

Durante décadas, los países enfrentaron los desastres naturales de la misma manera: esperando a que ocurrieran y financiando la reconstrucción con lo que hubiera a mano, ya fuera emisión de deuda post desastre, recortes presupuestarios en otros programas o ayuda internacional. El problema es que ese comportamiento reactivo suele ser tardío, caro, lento e impredecible. Por eso, en las últimas dos décadas se consolidó un enfoque distinto: pensar el riesgo de desastre de forma anticipada y diseñar, antes de que ocurra un evento, una estrategia financiera con distintas capas de protección.

El financiamiento del riesgo de desastres no es una estrategia aislada, sino una pieza dentro de un ciclo más amplio de gestión del riesgo, que va desde la reducción del riesgo y la preparación, hasta la atención de emergencia, la recuperación y la reconstrucción resiliente (ver Figura 1). En ese ciclo, la preparación financiera y la preparación operativa cumplen un rol bisagra: determinan, antes de que ocurra el desastre, de dónde saldrán los recursos y cómo se van a ejecutar. Contar con esa planificación previa no solo mejora la eficacia de la respuesta y la recuperación, sino que también reduce su costo total, porque evita la improvisación y el uso de fuentes de financiamiento más caras bajo presión.

Figura 1. La resiliencia financiera contribuye al desarrollo sostenible

Fuente: Elaboración propia en base a documentos del Banco Mundial.

La estrategia de financiamiento y aseguramiento del riesgo de desastres suele combinar varios instrumentos: fondos de reservas que el propio país ahorra para atender emergencias, líneas de crédito contingente que se activan cuando ocurre un evento, seguros tradicionales para la reconstrucción de activos públicos, como escuelas u hospitales. Además, para el financiamiento de la atención de emergencia, se utilizan seguros paramétricos, que brindan liquidez de manera casi inmediata, ya que pagan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones medibles —por ejemplo, la magnitud de un sismo, o la velocidad del viento de un huracán—, sin necesidad de esperar una evaluación de daños caso por caso. Además, las coberturas paramétricas pueden estructurarse mediante la emisión de instrumentos en el mercado de capitales, como los bonos catástrofe (conocidos como “cat bonds”).

¿Dónde entra el actuario?

El actuario es, en última instancia, un traductor de la incertidumbre a cifras para tomar decisiones. Su formación en probabilidad, estadística y modelos financieros lo vuelve una pieza clave en la definición de una estrategia de protección financiera. En el financiamiento del riesgo de desastres, su trabajo típicamente incluye trabajar con las salidas de modelos de catástrofes completamente probabilísticos, que combinan tres módulos: amenaza (por ejemplo, probabilidad y magnitud de terremotos), exposición (cuántas viviendas, hospitales o kilómetros de ruta hay en zonas de riesgo) y vulnerabilidad (el daño que un evento de determinada intensidad provoca sobre esos elementos expuestos). Estos modelos suelen ser desarrollados por equipos multidisciplinarios que incluyen sismólogos, meteorólogos e ingenieros, y en los que también puede participar el actuario. A partir de sus salidas probabilísticas se construyen curvas de excedencia de pérdidas, que muestran cuánto le costaría al país un evento de determinada magnitud y con qué frecuencia se espera que ocurra. Diseñar la estructura óptima de capas de financiamiento —definiendo qué parte del riesgo conviene retener con reservas propias, qué parte transferir a través de seguros y qué parte cubrir con instrumentos de mercado de capitales— es un rol actuarial clave en este proceso, al igual que calcular el precio justo de esos instrumentos, de forma que ni el país pague de más por protegerse, ni el asegurador o inversor asuma un riesgo mal remunerado.

En otras palabras, el actuario no apaga incendios: diseña, de antemano, el sistema de bomberos financiero que un país va a necesitar el día que el incendio ocurra. Es un trabajo que exige combinar rigor técnico con una mirada de política pública, porque las decisiones que se toman en un modelo terminan afectando el presupuesto de un ministerio de hacienda o la velocidad con la que llega la ayuda a una comunidad afectada.

El caso de Colombia: una estrategia de varios pisos

Colombia es uno de los ejemplos más citados en la región para entender cómo se aplica todo esto en la práctica. Desde 2013, el país cuenta con una Estrategia de Protección Financiera ante el Riesgo de Desastres, desarrollada con apoyo técnico del Banco Mundial, que organiza la respuesta financiera del Estado en distintos niveles según la magnitud del evento: el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (reservas propias) para emergencias frecuentes y de baja intensidad, líneas de crédito contingente para eventos de magnitud intermedia, y seguros paramétricos o tradicionales para los escenarios más extremos y de baja probabilidad, donde el costo de un desastre podría ser demasiado alto para financiarlo solo con recursos propios. Ver Figura 2.

Figura 2. Estrategia Financiera de Instrumentos por capas de riesgo:
el caso de Colombia.

Fuente: Estrategia Nacional de Protección Financiera de Riesgo de Desastres, Epidemias y Pandemias, MHCP, 2021.

Lo interesante del caso colombiano es que esta lógica no se quedó únicamente en el nivel nacional. El país impulsó también estrategias de protección financiera subnacionales, adaptadas a territorios como Bogotá, Cundinamarca, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el archipiélago de San Andrés y Providencia, Putumayo y Huila, reconociendo que el riesgo —y la capacidad fiscal para enfrentarlo— no es igual en todo el territorio.

Uno de los hitos más visibles de esta estrategia llegó en febrero de 2018, cuando Colombia participó, junto con Chile, México y Perú, en la emisión conjunta de bonos catástrofe para protegerse del riesgo de terremotos. La emisión fue estructurada por el Banco Mundial, por un total de US$1.360 millones para los cuatro países. A Colombia le correspondieron US$400 millones de cobertura, con una vigencia de tres años y un mecanismo de activación paramétrica: el pago se dispara según los datos sísmicos que reporta el Servicio Geológico de Estados Unidos, sin necesidad de esperar un largo proceso de evaluación de daños. Fue, en su momento, la mayor operación de este tipo respaldada por un organismo multilateral y la primera vez que Colombia, Chile y Perú accedían a los mercados de capitales para asegurarse contra desastres naturales. Detrás de ese titular financiero hubo mucho trabajo actuarial, acompañando a los gobiernos para definir los umbrales de activación y calibrar el tamaño de la cobertura, de modo que encaje dentro la estrategia por capas que incluye otros instrumentos y, a la vez, sea suficiente y sostenible.

El caso de Argentina: una arquitectura institucional sin brazo financiero

En Argentina, la gestión del riesgo de desastres tiene una arquitectura institucional relativamente joven: el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), creado por la Ley 27.287 en 2016, y coordinado por el Ministerio de Seguridad —hoy a través de la Agencia Federal de Emergencias—, articula a Nación, provincias, municipios y organismos científico-técnicos frente a emergencias y catástrofes. A diferencia de Colombia, el país todavía no cuenta con una estrategia financiera de protección ante el riesgo de desastres tan desarrollada, con capas explícitas de instrumentos como fondos de reservas, créditos contingentes e instrumentos de transferencia de riesgo (seguros tradicionales y/o paramétricos). Esa brecha es, también, una oportunidad: hay espacio para que los actuarios locales aporten a diseñar esa arquitectura financiera, en articulación con SINAGIR y con organismos multilaterales.

Una disciplina llamada a crecer

El cambio climático, la urbanización acelerada y la concentración de población e infraestructura en zonas de riesgo hacen que este tipo de estrategias dejen de ser una excepción y se conviertan en una necesidad para cada vez más países y ciudades. En ese escenario, el actuario ocupa un lugar poco conocido pero cada vez más relevante: el de puente entre la ciencia del riesgo y la política pública, entre los modelos matemáticos y las decisiones que determinan qué tan rápido y con cuántos recursos un país puede levantarse después de un desastre. Lejos del estereotipo del profesional encerrado con tablas de mortalidad, el actuario del siglo XXI también está ahí, calculando cuánto vale la resiliencia de un país frente al próximo evento que, tarde o temprano, va a ocurrir.